Con la irrupción de la dictadura cívico-militar en marzo de 1976, fueron descabezadas todas las instituciones con funcionarios en ejercicio. En la UTN fue nombrado Rector el Ing. Comodoro Jorge Omar Conca.

Ese mismo año y por orden del Ministerio de Educación, las Universidades debieron fijar los cupos de admisión, basadas en sus posibilidades físicas y académicas y en lo que consideraban las necesidades de la región en la que desarrollaban su tarea. Las autoridades de la UTN establecieron el cupo a nivel nacional en solamente 6170 alumnos en todas sus facultades, un 50% menos que la inscripción de años anteriores.

A nivel nacional, se registraron durante 1976, 116.942 alumnos en universidades públicas, mientras que las vacantes disponibles para el año siguiente fueron fijadas en 69.159, es decir, un 40% menos. Sin embargo, solamente en cinco universidades los interesados excedieron las plazas disponibles: Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata y en la UTN, donde se registraron unos 9260 aspirantes para el ciclo lectivo 1978, unos tres mil alumnos más que el cupo establecido. Esta situación se repitió durante los años siguientes, hasta la eliminación del cupo con la llegada de la democracia.

El rígido control, sumado a la amenaza latente de encarcelamiento, desaparición o muerte fueron la impronta del “Proceso” al sistema universitario. Esta significó la finalización definitiva de todo tipo de actividad de índole política -tanto partidaria como universitaria-, dentro de las casas de altos estudios.

Tras el golpe de Estado de 1976 se suprimió la última modificación curricular, con el argumento de que las materias incluidas en este Plan eran utilizadas como elementos de propaganda ideológica. Un año más tarde fueron eliminados los exámenes de Historia, Geografía e Idioma que los alumnos debían rendir para acceder a la educación universitaria. Estos exámenes fueron reemplazados por otros dos sobre asignaturas fijadas para cada carrera, que se tomaban sobre tópicos contenidos en los programas de educación media vigentes en toda la República, y uno que debían rendir todos sobre “Comprensión de Textos”. Los aspirantes a ingresar en cualquiera de las Facultades de la Universidad Tecnológica debían rendir matemática y física. En ese año la puesta en vigencia de los nuevos planes llevó a incrementar el cursado a 30 horas semanales. Dado que las clases eran vespertinas, para evitar que los alumnos salgan más tarde de la institución o deban entrar más temprano, con el consiguiente perjuicio laboral para algunos, el Rector Conca resolvió en la Ordenanza 246/76 que se dicten clases también los días sábado.

En abril de 1976 las Fuerzas Armadas elaboraron un nuevo proyecto de ley, la 21.276, que definía una forma de gobierno y control por parte del Estado mucho más centralizada; el Ministro de Educación ejercería el poder de la Asamblea, dictaría normas en materia académica y establecería normas administrativas y presupuestarias. Además, en su artículo 7º afirmaba que quedaba “prohibido en el recinto de las Universidades toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente”.

Esta Ley sufrió modificaciones durante 1977, cuando se decidió que se reservaba la designación del Rector y los decanos directamente al titular del Poder Ejecutivo, en lugar de ser facultad del Ministerio de Educación. Asimismo, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Estatuto Docente. La nueva ley que reguló la actividad docente, conocida con el número 21.536, confirmaba en la cátedra a los profesores que hubieran ganado la misma por concurso de acuerdo con las pautas establecidas por el Consejo de Rectores de la Universidades Nacionales (CRUN). Sin embargo, establecía claramente en su Artículo 12: “son incompatibles con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas todas aquellas actividades que se aparten de los propósitos y objetivos básicos fijados para el Proceso de Reorganización Nacional”.

En 1977 surgió en la UTN un proyecto para reestructurar las carreras de Ingeniería, dividiéndola en tres ciclos. Al final de cada uno se entregaría un diploma. Su finalidad era adaptar los estudios para que puedan “formar ingenieros que puedan estar en condiciones de asimilar los acelerados procesos tecnológicos que vive el mundo”. Los tres ciclos previstos se dividirían en dos básicos, para estudiar las materias comunes a todas las ramas de la ingeniería; y el tercero de especialización tecnológica para las distintas variantes que se dictaban en la Universidad. Este proyecto fue estudiado por un plenario de 35 profesores, Decanos y Directores de diferentes Departamentos reunidos durante una semana en una localidad cordobesa. Sin embargo, debió quedar postergado ya que otras discusiones acapararían la atención de la comunidad académica de la Casa en los tiempos sucesivos.

Asimismo, se dictaron otras normas como la llamada Ley de Prescindibilidad, que precarizaban la situación de los docentes en ejercicio y los dejaban a merced del Poder Ejecutivo o autoridades subalternas, y fueron algunas de las herramientas que utilizó el “Proceso” para ejercer un severo control sobre todo tipo de actividad que éstos pudieran desarrollar en los claustros.

A principios de 1978, el Ministro de Educación Juan José Catalán propuso desjerarquizar los títulos que la UTN otorgaba, transformándolos en títulos terciarios no universitarios. Esta decisión obedecía a las intenciones oficiales de transformación y redimensionamiento de la actividad universitaria a nivel nacional para adecuarla a una pretendida regionalización. Esta iniciativa encontró resistencia en todos los claustros de la Universidad.

Este clima de debate y reflexión provocó que se produjera un importante proceso de transformación de los planes de estudio de las ingenierías especializadas para adecuarlos “al avance tecnológico y la realidad nacional”. Para esta tarea se formaron comisiones que entendían en cuatro aspectos: ciclo básico común; materias básicas con programas no comunes; materias de especialización; y reglamentos. Además, las comisiones de estudio contemplaban la posibilidad de instrumentar carreras intermedias.

Estas nuevas reformas reordenaban el dictado y los cursados de las materias en todas las carreras. Establecían un ciclo básico común de dos años para todas las especialidades, donde el alumno obtuviera un conocimiento sólido de las materias básicas científicas como matemática, física y química. A este seguía un ciclo de un año común para distintas áreas.

El último año de estudios sería en el cual los alumnos realizarían la especialización elegida para su cada carrera. Estos nuevos planes establecían además un cursado de 5.100 a 5.500 horas cátedra como mínimo en toda la carrera y un año académico de 32 semanas de clase.

Este sistema entró en vigencia en 1979.

El ingeniero Conca fue reemplazado en el rectorado de la UTN por el Ing. Carlos Burundarena, hombre profundamente consustanciado con la política del Proceso. En sus declaraciones, el nuevo funcionario destacó la necesidad de una “formación ‘correcta’, porque lo importante es lograr una cabeza bien hecha y no una cabeza bien llena”.

Respecto a los cupos, Burundarena reconoció que este sistema producía “frustraciones”, ya que alumnos que promediaban 8,9 puntos sobre 10 en los exámenes de ingreso quedaban afuera de la Universidad. Sin embargo, el sistema no fue modificado.

En mayo de 1981 el rector Burundarena asumió el Ministerio de Cultura y Educación, y fue sucedido por quien fuera su vicerrector, el Ing. Roberto Guillán.

Una de las medidas que el Consejo de Rectores aprobó a mediados del año 1980 fue la puesta en vigencia de un sistema de aranceles que comenzaría a regir a partir de 1981. En el caso de la UTN fue fijado en diez cuotas al año de 50 mil pesos. Las intenciones oficiales manifestaban por entonces que “las universidades podrían establecer las causales de excepción al pago de arancel, en especial en los casos que se tenga en cuenta merecimientos académicos, ser integrante de familia numerosa o de bajos recursos”. Para 1982 este monto creció de acuerdo a lo estipulado por el Consejo de Rectores a una cifra variable entre 70 y 100 mil pesos. Esta medida se mantuvo hasta 1983, ya que a principios de 1984 uno de los primeros decretos del presidente Alfonsín fijó el fin de los cupos, de los exámenes de ingreso y de los aranceles.

Desde 1982 la UTN se orientó también a ampliar su oferta educativa dentro de un nuevo proyecto emanado desde el rectorado. Tanto Guillán -quien estaba al frente de la Universidad- como Burundarena habían sido titulares del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica), y confiaban en las posibilidades de la institución para brindar capacitación terciaria. Dos de esas carreras fueron anunciadas para ese ciclo lectivo: las de “Auxiliar de Ingeniería en Organización de la Industria” y la de “Auxiliar de Ingeniería en Mantenimiento Electromecánico”.

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