La llegada de la democracia en 1983 marcó el fin de los exámenes de ingreso, de los cupos y del arancel, lo que produjo un significativo incremento en la matrícula.

El regreso de la democracia, asimismo, inició un proceso de normalización institucional, al restablecer plenamente el estado de derecho, las garantías civiles y la competencia de los poderes constitucionales en la administración pública. El Ministerio de Educación quedó a cargo del doctor Carlos Alconada Aramburú.

Una de las primeras medidas por parte del Ejecutivo fue la designación de rectores normalizadores en todas las casas de altos estudios nacionales. Posteriormente la administración alfonsinista promulgó la Ley de normalización 23.068, que significó una nueva normativa para el sector, restableciendo los principios de autonomía y autarquía suprimidos desde 1966. Estas nuevas normas establecían “el compromiso de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria garantizando la libertad académica como un modo de asegurar a la Universidad su misión creadora”.

En la UTN fue designado Rector normalizador el Ing. Juan Carlos Recalcatti. En sus primeras declaraciones afirmó que “la UTN sufrió un proceso de deterioro desde 1965, los presupuestos fueron constantemente reducidos y los planteles de profesores diezmados”. Además, manifestó su interés en desarrollar planes educativos comprometidos con los intereses regionales, ya que “cada carrera debe estar de acuerdo con la economía regional, porque no necesariamente todos los ingenieros mecánicos del país tienen que tener los mismos planes de estudios”.

En 1984 la Asamblea Universitaria confirmó en el cargo a Recalcatti, quien continuaba sus funciones legitimado tras una elección democrática entre los claustros de la institución. Durante el proceso de normalización y aún con autoridades constituidas la comunidad académica se abocó a la revisión de los Estatutos, que fueron estudiados y finalmente modificados en 1986. La Asamblea Universitaria, reunida en la Facultad Regional Santa Fe resolvió, entre otros puntos, incorporar a los trabajadores no docentes al gobierno de la universidad en igualdad de condiciones que el resto de los claustros. Los nuevos documentos llevaron la impronta de personalidades como Recalcatti, Brotto, Egidi y muchos otros, quienes pusieron el acento en una Universidad defensora de los principios conquistados en la Reforma de 1918. Casi dos años funcionó el Consejo Académico normalizador, hasta que el 6 de diciembre de 1985 se realizaron los comicios para elección de representantes. Destacó en esa oportunidad la cantidad de agrupaciones estudiantiles que se presentaron a la votación.

Hacia fines de 1986 el gobierno de Alfonsín comenzó a sufrir un desgaste institucional propiciado por la corporación militar y sus intentos de nuevos planteos; el sindicalismo, que se negó a concertar con el ejecutivo; y los grandes intereses corporativos empresarios, que brindaron escaso o nulo apoyo al plan económico implementado. La recesión creciente y la vertiginosa curva inflacionaria provocaron caída del valor del salario docente y recortes presupuestarios en casi todas las Universidades nacionales.

El Plan Primavera careció del apoyo de los sectores más concentrados de la economía y de los organismos financieros internacionales; pero el plan falló y la inflación se descontroló. La postura cada vez más combativa de los sectores sindicales generó un clima de agitación que puso en jaque al gobierno. Los paros y movilizaciones terminaban en saqueos e incendios a negocios, y la confianza terminó por desvanecerse. En este contexto, las universidades continuaron sufriendo las políticas de ajuste que reclamaban los organismos internacionales al gobierno, lo que sumado a la inflación creciente significó un cuadro desesperante.

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