La llegada al gobierno de Carlos Menem se produjo de manera anticipada, debido a la renuncia de Raúl Alfonsín a la presidencia en un contexto de crisis económica con hiperinflación. El nuevo gobierno emprendió un drástico programa de reformas estructurales, que incluyó la liberalización de los mercados de productos y factores, la apertura comercial y la privatización de las principales empresas públicas. En 1991 comenzó la implementación del plan de convertibilidad, que fijó la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, con el objetivo de contener la inflación. Se eliminaron las cláusulas del compre nacional en las empresas de servicios públicos, a la vez que comenzó un proceso de reconversión de algunos sectores del aparato productivo, que si bien dio lugar a un aumento de la productividad del trabajo, éste estuvo ligado a la incorporación de bienes de capital importados y a la racionalización de los planteles laborales, dando lugar a un fuerte aumento del desempleo estructural.

El menemismo impulsó una reforma que se concentró en la descentralización del sistema educativo. Este proceso se materializó en primer lugar en 1991 con la sanción de la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior No Universitario (Ley 24 049), que constituyó un desplazamiento de responsabilidades financieras y administrativas desde el nivel nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Este proceso implicó también una mayor carga presupuestaria para las administraciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires (y un alivio fiscal para el nivel nacional).

Durante el traspaso de estas instituciones se sancionó la Ley Federal de Educación el 14 de abril de 1993, que estableció las funciones del Ministerio de Educación, modificó la estructura académica del sistema educativo y constituyó un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y la creación de una Red Federal de Formación Docente Continua. Esta ley definió la centralización de los Contenidos Básicos Comunes y la orientación pedagógica generales por parte del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.

Con este traspaso, el Estado nacional, que ya venía achicándose a partir de sucesivas privatizaciones, se redujo notablemente. A la par, se plantearon desde el Gobierno viejas discusiones; el por entonces secretario de Coordinación Educativa, Científica y Cultural del Ministerio de Educación y Justicia, Enrique Bulit Goñi, propuso el arancel universitario en una carta dirigida a los rectores en 1989. El menemismo también sugirió la obtención de recursos a través de la venta de servicios a empresas privadas y al propio Estado.

En 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior, la primera norma destinada a regular al conjunto de instituciones de formación superior, sean universitarias o no. Allí se incluyeron las instituciones terciarias de formación docente en el nivel superior de enseñanza que, históricamente, habían constituido un circuito paralelo de menor prestigio y estatus social frente al circuito universitario.

La Ley estuvo dirigida fundamentalmente a regular el sistema universitario; entre otras cosas, estableció que en las universidades con más de 50.000 estudiantes, cada Facultad podía resolver discrecionalmente el régimen de admisión, por lo que se ponía en cuestión el ingreso irrestricto. La nueva normativa también posibilitaba arancelar los ciclos de grado.

Tanto la Ley de Educación Superior como la Ley Federal de Educación se aprobaron sin el consenso de gran parte de la comunidad educativa y de los sindicatos docentes que se opusieron en forma global a toda la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno del presidente Menem.

En el ámbito de la UTN, en 1995 se introdujeron importantes modificaciones en los planes de estudios de todas las carreras; ese año la Universidad contó con nuevas pautas para el diseño curricular, aprobadas por el CSU según resoluciones Nº 326/ 92, 138/93 y la 68/94, siguiendo el proceso que apuntó a la flexibilización del campo de trabajo del egresado. En concreto, se incrementó la oferta de materias electivas. En paralelo, se redujo la duración de las carreras.

Durante estos años además se impulsó en la Universidad la educación de Posgrado y la institucionalización de la investigación, que hasta entonces se desarrollaba de manera aislada y sólo en algunas disciplinas.

Asimismo, desde 1995 el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico pasó a depender de la UTN.

Estos cambios fortalecieron y reposicionaron a la Universidad y a la Ingeniería, a partir de la apertura que se le ofreció hacia otros campos disciplinares.

Sin embargo, el entorno en el que se produjo esta expansión académica e institucional no fueron favorables; la convertibilidad y la apertura de importaciones empujó a un proceso desindustrialización que acrecentó vertiginosamente el desempleo y debilitó al sistema productivo nacional.

Una anécdota que graficó esta época fue la que protagonizó el ex ministro de Economía menemista, Domingo Cavallo, quien disparó la frase “¡que esa mujer vaya a lavar los platos!”, enojado por la divulgación de un alza en la cifra de desocupación que había difundido en 1994 la demógrafa Susana Torrado, investigadora superior del Conicet.

Hacia el final de su mandato, Menem intentó aplicar un recorte presupuestario de 1.300 millones de pesos, de los cuales 280 correspondían al área de Educación, principalmente en el nivel superior. La reacción del sistema universitario determinó la renuncia de la ministra Susana Decibe. La medida finalmente no se implementó.

En 1999, a través del voto popular, Fernando De la Rúa asumió la presidencia, como representante de una alianza entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Las expectativas electorales que le dieron el triunfo a la Alianza se tradujeron, al poco tiempo, en desconcierto.

El ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Ricardo López Murphy, anunció una poda de 361 millones de dólares, el equivalente al 20% del presupuesto universitario del año 2001. La medida esta vez no sólo eyectó al ministro de Educación, Hugo Juri, sino también al de Economía; López Murphy fue reemplazado por Domingo Cavallo, quien logró instaurar un ajuste en todas las áreas del Estado –incluida la universidad– de un 13%.

Todo ello sucedía en el marco de un proceso de profunda recesión, y con las tensiones provocadas por la extensión del plan de convertibilidad. El peso de una deuda externa en constante crecimiento, y la aplicación políticas pro-cíclicas de ajuste fiscal profundizaron el ciclo recesivo que culminó con el blindaje financiero, el megacanje y el “corralito”.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjeron saqueos y manifestaciones bajo el lema “¡Que se vayan todos!”. La protesta fue reprimida por las fuerzas de seguridad, que causaron 36 muertes.

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